Archivo de la categoría Jurisprudencia-Doctrina

¿Se deben incluir las subvenciones en el modelo 347?

La respuesta es sí, según Consulta Vinculante número 695/14 de 13 de marzo de 2014, se deben incluir en la declaración anual  de operaciones con terceras personas (modelo 347) las subvenciones públicas recibidas si las mismas no son reintegrables, se han percibido en relación con la actividad empresarial o profesional, y además el importe anual procedente de cada Administración Pública supera los 3.005,06 euros.

Asimismo, si la subvención se asimila a entrega de bienes y prestaciones de servicios, la clave con la que se deben consignar las subvenciones recibidas en el modelo 347 es la B en el ejercicio en que se expida la correspondiente orden de pago

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Actividad profesional eventual. ¿obligación de darse de alta en el IAE y tributar por IVA?

Según la consulta V1102-12, de 21 de mayo del 2012 emitida por la Dirección General de Tributos expone que el simple hecho que una persona física ejerza una profesión de manera intermitente en el tiempo, con indiferencia que sea a título gratuito u oneroso (con contraprestación) no supone que no tenga la consideración de empresario o profesional a efectos del Impuesto sobre el sobre el Valor Añadido (IVA) y, por tanto, de sujeto pasivo de dicho Impuesto.

En consecuencia de los anterior debería cumplir con todas las obligaciones que incumben a los sujetos pasivos del impuesto y que se encuentras reguladas en el artículo 164 de la Ley del Impuesto según el cual:

“Uno. Sin perjuicio de lo establecido en el Título anterior, los sujetos pasivos del impuesto estarán obligados, con los requisitos, límites y condiciones que se determinen reglamentariamente, a:
1.º Presentar declaraciones relativas al comienzo, modificación y cese de las actividades que determinen su sujeción al impuesto.
2.º Solicitar de la Administración el número de identificación fiscal y comunicarlo y acreditarlo en los supuestos que se establezcan.
3.º Expedir y entregar factura de todas sus operaciones, ajustada a lo que se determine reglamentariamente.
4.º Llevar la contabilidad y los registros que se establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código de Comercio y demás normas contables.
5.º Presentar periódicamente o a requerimiento de la Administración, información relativa a sus operaciones económicas con terceras personas.
6.º Presentar las declaraciones-liquidaciones correspondientes e ingresar el importe del impuesto resultante.

Con respecto al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE):

La normativa reguladora del IAE, esto es Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, define el hecho imponible del Impuesto sobre Actividades Económicas, establece que el hecho imponible que se grava es “el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto”, cuando tales actividades supongan la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

Deducción por inversiones en activos fijos en Canarias: régimen de consolidación fiscal

Hoy comentaré doctrina administrativa. En concreto la Consulta vinculante número 1333 de 19 de mayo de 2014 de la que reproduzco un extracto al final de este artículo. Para el caso del Impuesto sobre Sociedades, la entidad responsable para emitir doctrina administrativa corresponde a la Dirección General de Tributos. La importancia de la doctrina no es baladí dado que resulta vinculante para los cuerpos de aplicación de los Impuestos, esto es, la Inspección de tributos. Así, podríamos considerar las resoluciones a las consultas de tributos por la Dirección General de Tributos como de obligado cumplimiento para todos los órganos la Administración tributaria conforme a los establecido en el artículo 12 de la Ley General Tributaria.

Tras esta aclaración, el consultante pregunta si existe alguna limitación para la aplicación para la deducción por Inversiones en Canarias. Existe una limitación del 50% de la cuota íntegra, pero dudan si esta cuota íntegra se refiere a la individual de la entidad establecida en Canarias o la cuota íntegra global del grupo. La respuesta de la DGT es: el límite de sobre la cuota íntegra se aplica sobre la cuota íntegra del sujeto pasivo. en este caso, al tributar en régimen de consolidación fiscal, el sujeto pasivo es el grupo consolidado.

Así, el límite del 50% aplica sobre la cuota íntegra del grupo consolidado y no sobre una cuota teórica que procediera calcular sobre las rentas obtenidas en territorio canario.

Asimismo, entiende que debe operar el mismo criterio para aquellas entidades que operan en todo el territorio español con respecto a las inversiones realizadas en Canarias, beneficiándose toda la cuota íntegra generada por la entidad con independencia de donde se haya producido el beneficio efectivo.

 

Hechos/cuestión:

La entidad consultante es la dominante de un grupo de consolidación fiscal, que tienen por actividad principal la de telecomunicaciones. Para llevar a cabo dicha actividad dispone de un establecimiento permanente en Canarias donde se efectúan las inversiones locales necesarias para la adecuada prestación de servicios.

 (…)

Teniendo en cuenta que la cuota íntegra es un concepto único, que se define en el artículo 29 del TRLIS, como la cantidad resultante de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen, el límite específico del 50% aplica sobre la cuota íntegra de la entidad, en los términos señalados y no sobre una cuota teórica que procediera calcular sobre las rentas obtenidas en territorio canario.


Obligación de información sobre bienes y derechos en el extranjero

Con fecha 13 de febrero, la Dirección General de Tributos ha emitido respuesta a una consulta vinculante en que determina que no existe obligación de informar en el modelo 720 (Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero) en relación a acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva extranjeras (fondos de inversión cuya sede se encuentra en el extranjero), adquiridas mediante comercializadoras de dichas instituciones en España o de representantes en España de las entidades gestoras que operan en régimen de libre prestación de servicios, en tanto los referidos valores se mantengan registrados por sus titulares en dichos comercializadores o representantes. Leer el resto de esta entrada »

Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia de 17 May. 2012, rec. 277/2009

Empresa dedicada a la actividad de arrendamiento de inmuebles con un único local arrendado. La Audiencia Nacional desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto al considerar que no hay necesidad de local y empleado a efectos de acreditar la actividad económica. Así, la empresa no puede distrutar de los beneficios fiscal de la Reserva para Inversiones en Canarias.

Pero es más, en el presente caso existe una absoluta falta de prueba sobre la conexión y necesidad del local y empleado a los efectos de llevar a cabo la actividad económica de arrendamiento de inmuebles, pues del expediente resulta que la única labor a tal fin desarrollada consiste en Leer el resto de esta entrada »

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Resolución relativa a la deducibilidad de gastos financieros en el Impuesto sobre Sociedades

Con fecha 17 de junio, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) Resolución de la Dirección General de Tributos. Su finalidad es establecer los criterios interpretativos necesarios que proporcionen seguridad jurídica en la aplicación de la limitación de la deduciblidad de gastos financieros en el Impuesto sobre Sociedades dispuesto en el artículo 20 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

A continuación, os paso el link a la Resolución publicado en el BOE.

Resolución de 16 de julio de 2012, de la Dirección General de Tributos, en relación con la limitación en la deducibilidad de gastos financieros en el Impuesto sobre Sociedades

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Informe sobre diversas cuestiones relativas al procedimiento de regularización derivado de la presentación de la declaración tributaria especial

La Dirección General de Tributos, organismo dependiente del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha publicado un Informe, en que aclara diferentes cuestiones relativas al procedimiento de regularización derivado de la presentación de la declaración tributaria especial estipulada en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.

A continuación, Leer el resto de esta entrada »

La RIC no exige que las inversiones vayan acompañadas de un incremento de plantilla

 A continuación, os reproduzco un extracto de una Consulta Tributaria emitida por la Dirección General de Tributos (DGT), de reciente publicación relativa a la Reserva para Inversiones en Canarias.

En esta consulta, la DGT estipula expresamente que no es necesario que las inversiones destinadas a la materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) vaya acompañadas de una contratación de nuevos trabajadores. Leer el resto de esta entrada »

ETVE: Requisito de objeto social para aplicar Régimen especial de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros

La consultante es una sociedad limitada que está interesada en optar por la aplicación del régimen especial de ETVE (Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros). Uno de los requisitos es la inclusión en el objeto social de la actividad de gestión y administración de valores. Para ello, la Junta General deberá aprobar la modificación de los estatutos para recoger esta nueva actividad, y posteriormente, inscribir esta modificación en el Registro Mercantil que corresponda.

Así, la entidad pregunta, si para el cumplimiento de este requisito, sería suficiente la elevación a público del acuerdo adoptado por la Junta General.

La Dirección General de Tributos, tras una breve referencia a la normativa del Registro Mercantil, determina que “el acuerdo de modificación estatutaria indicado (…) debe ser elevado a público y, finalmente, ser inscrito en el Registro Mercantil y publicado en el BORME.

Finalmente, concluye que:

En el supuesto concreto planteado, el acuerdo de modificación estatutaria será válidamente adoptado con arreglo a la normativa mercantil y se elevará a público. No obstante, es previsible que la efectiva inscripción de dicho acuerdo en el Registro Mercantil se retrase en el tiempo. A su vez, se indica que la entidad consultante presentará ante la Administración Tributaria, junto con el escrito de comunicación de acogimiento al régimen especial del capítulo XIV del título VII del TRLIS, la documentación acreditativa de la modificación estatutaria formalizada en escritura pública. Por tanto, dado que la Administración Tributaria tendrá conocimiento del acto sujeto a inscripción y no publicado dejará de tener la consideración de tercero de buena fe, en cuyo caso, no le sería de aplicación el artículo 9.1 del RRM, sino la excepción del artículo 9.4 del mismo texto reglamentario.

En definitiva, la consultante podrá optar por aplicar el régimen especial de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros regulado en el capítulo XIV del Título VII del TRLIS desde la fecha en que la modificación del objeto social planteada produzca efectos jurídicos, esto es, desde la fecha en que la Administración tributaria competente tenga conocimiento de dicho acuerdo, válidamente adoptado y elevado a público, siempre y cuando la consultante cumpla los restantes requisitos previstos en el artículo 116 del TRLIS.

En resumen, la entidad podrá aplicar el régimen especial desde la fecha en que la Administración tenga conocimiento del acuerdo válidamente adoptado y elevado a público.

Asesoría Samuel Nevado

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Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores en el Impuesto sobre Sociedades

La regulación básica que regula la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores en el Impuesto sobre Sociedades en el artículo 25 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Según este artículo, el plazo de compensación es de 15 años: las bases imponibles negativas que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación podrán ser compensadas con las rentas positivas de los períodos impositivos que concluyan en los 15 años inmediatos y sucesivos.

No obstante, las entidades de nueva creación (y las sociedades concesionarias dedicadas a la construcción de nuevas autopistas, túneles y vías de peaje) podrán computar el plazo de compensación a que se refiere el apartado 1 a partir del primer período impositivo en que obtengan beneficios.

En todo caso, la sociedad deberá acreditar la procedencia y cuantía de las bases imponibles negativas cuya compensación pretenda, mediante la exhibición de la liquidación o autoliquidación, la contabilidad y los oportunos soportes documentales, cualquiera que sea el ejercicio en que se originaron. Así, la carga de la prueba recae en el contribuyente. De esta forma, la Inspección de Hacienda puede exigir la exhibición de estos documentos (declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades, contabilidad y su soporte contable)  con independencia de que el ejercicio esté prescrito.

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