Blog de Asesoría Fiscal Samuel Nevado

 A continuación, os reproduzco un extracto de una Consulta Tributaria emitida por la Dirección General de Tributos (DGT), de reciente publicación relativa a la Reserva para Inversiones en Canarias.

En esta consulta, la DGT estipula expresamente que no es necesario que las inversiones destinadas a la materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) vaya acompañadas de una contratación de nuevos trabajadores. Asimismo, si bien la parte de la inversión correspondiente al valor del terreno, salvo excepciones, no es apta para la RIC, el valor de la construcción sí es válida para la RIC.

La consultante es una sociedad limitada que está interesada en optar por la aplicación del régimen especial de ETVE (Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros). Uno de los requisitos es la inclusión en el objeto social de la actividad de gestión y administración de valores. Para ello, la Junta General deberá aprobar la modificación de los estatutos para recoger esta nueva actividad, y posteriormente, inscribir esta modificación en el Registro Mercantil que corresponda.

Así, la entidad pregunta, si para el cumplimiento de este requisito, sería suficiente la elevación a público del acuerdo adoptado por la Junta General.

La Dirección General de Tributos, tras una breve referencia a la normativa del Registro Mercantil, determina que “el acuerdo de modificación estatutaria indicado (…) debe ser elevado a público y, finalmente, ser inscrito en el Registro Mercantil y publicado en el BORME.

Finalmente, concluye que:

En el supuesto concreto planteado, el acuerdo de modificación estatutaria será válidamente adoptado con arreglo a la normativa mercantil y se elevará a público. No obstante, es previsible que la efectiva inscripción de dicho acuerdo en el Registro Mercantil se retrase en el tiempo. A su vez, se indica que la entidad consultante presentará ante la Administración Tributaria, junto con el escrito de comunicación de acogimiento al régimen especial del capítulo XIV del título VII del TRLIS, la documentación acreditativa de la modificación estatutaria formalizada en escritura pública. Por tanto, dado que la Administración Tributaria tendrá conocimiento del acto sujeto a inscripción y no publicado dejará de tener la consideración de tercero de buena fe, en cuyo caso, no le sería de aplicación el artículo 9.1 del RRM, sino la excepción del artículo 9.4 del mismo texto reglamentario.

En definitiva, la consultante podrá optar por aplicar el régimen especial de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros regulado en el capítulo XIV del Título VII del TRLIS desde la fecha en que la modificación del objeto social planteada produzca efectos jurídicos, esto es, desde la fecha en que la Administración tributaria competente tenga conocimiento de dicho acuerdo, válidamente adoptado y elevado a público, siempre y cuando la consultante cumpla los restantes requisitos previstos en el artículo 116 del TRLIS.

En resumen, la entidad podrá aplicar el régimen especial desde la fecha en que la Administración tenga conocimiento del acuerdo válidamente adoptado y elevado a público.

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La regulación básica que regula la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores en el Impuesto sobre Sociedades en el artículo 25 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Según este artículo, el plazo de compensación es de 15 años: las bases imponibles negativas que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación podrán ser compensadas con las rentas positivas de los períodos impositivos que concluyan en los 15 años inmediatos y sucesivos.

No obstante, las entidades de nueva creación (y las sociedades concesionarias dedicadas a la construcción de nuevas autopistas, túneles y vías de peaje) podrán computar el plazo de compensación a que se refiere el apartado 1 a partir del primer período impositivo en que obtengan beneficios.

En todo caso, la sociedad deberá acreditar la procedencia y cuantía de las bases imponibles negativas cuya compensación pretenda, mediante la exhibición de la liquidación o autoliquidación, la contabilidad y los oportunos soportes documentales, cualquiera que sea el ejercicio en que se originaron. Así, la carga de la prueba recae en el contribuyente. De esta forma, la Inspección de Hacienda puede exigir la exhibición de estos documentos (declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades, contabilidad y su soporte contable)  con independencia de que el ejercicio esté prescrito.

Me centraré en el régimen de “Incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión” regulado en el Capítulo XII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto legislativo 4/2004, de 5 de marzo (en lo sucesivo, LIS).

Este régimen resulta de aplicación para aquellas empresas que facturen menos de una cierta cantidad al año, sin que participen otros criterios como número total de trabajadores o el importe total del activo según el balance de situación.

Este régimen consiste, básicamente, en un conjunto de incentivos tributarios:

- Libertad de amortización.

- Libertad de amortización para inversiones de escaso valor.

- Amortización de elementos nuevos del inmovilizado material

- Pérdidas por deterioro de los créditos por posibles insolvencias de deudores.

- Amortizaciones de elementos patrimoniales objeto de reinversión.

- Tipos de gravamen reducido.

Ámbito de aplicación: cifra de negocio

La última reforma ha situado el límite máximo para acogerse a este régimen fiscal especial en los 10 millones de euros (para los periodos 2011 y siguientes).

De manera concreta, el apartado 1 y 2 del artículo 108 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades dispone los siguiente:

Artículo 108. Ámbito de aplicación. Cifra de negocios

1. Los incentivos fiscales establecidos en este capítulo se aplicarán siempre que el importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a 10 millones de euros.

2. Cuando la entidad fuere de nueva creación, el importe de la cifra de negocios se referirá al primer período impositivo en que se desarrolle efectivamente la actividad. Si el período impositivo inmediato anterior hubiere tenido una duración inferior al año, o la actividad se hubiere desarrollado durante un plazo también inferior, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.

Así, es importante señalar que la cifra de los 10 millones de euros se refiere al ejercicio anterior, con indiferencia de la cifra que se alcance durante el periodo en que se disfruta de este régimen especial, salvo en el primer año en que desarrolle efectivamente la actividad. En este caso, el importe se referirá al primer período impositivo.

Por otro lado, el apartado 4 de este mismo artículo establece:

4. Los incentivos fiscales establecidos en este capítulo también serán de aplicación en los tres períodos impositivos inmediatos y siguientes a aquél período impositivo en que la entidad o conjunto de entidades a que se refiere el apartado anterior, alcancen la referida cifra de negocios de 10 millones de euros, determinada de acuerdo con lo establecido en este artículo, siempre que las mismas hayan cumplido las condiciones para ser consideradas como de reducida dimensión tanto en aquél período como en los dos períodos impositivos anteriores a este último.

Así, pese a que la entidad haya alcanzado la cifra de 10 millones de euros, mantendrá en los 3 períodos impositivos siguientes este régimen fiscal especial en el Impuesto sobre Sociedades.

Una cuestión importante es qué se entiende por importe neto de la cifra de negocios. La doctrina de la Dirección General de Tributos nos remite al Plan General de Contabilidad, y la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 16 de mayo de 1991, la cual desarrolla este concepto, detallando los importes que se deben excluir para el debido cálculo de esta cifra.

Grupo de sociedades

El apartado 3 del artículo 108, como medida antielusión dispone que:

3. Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo. Igualmente se aplicará este criterio cuando una persona física por sí sola o conjuntamente con el cónyuge u otras personas físicas unidas por vínculos de parentesco en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el segundo grado inclusive, se encuentren con relación a otras entidades de las que sean socios en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia de las entidades y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.

Con esta medida, se trata de evitar la aplicación del régimen para aquellos grupos familiares que controlan varias sociedades, y que la suma del importe total de la cifra de negocio supere la cifra de los 10 millones de euros.

Resulta importante señalar que la normativa no establece ninguna incompatibilidad con otros de los regímeneses especiales contenidos en la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Asimismo, de manera tradicional, la Dirección General de Tributos venía aceptando que las empresas dedicadas al arrendamiento de inmuebles sin disponer de local y empleado con contrato laboral dedicado exclusivamente a esa actividad, también se podrían beneficiar de este régimen, pese a no tener la consideración de actividad económica.

En el próximo artículo os detallaré las diferentes incentivos fiscales previstos para estas sociedades.

Samuel Nevado

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La Dirección General de Tributos (DGT), en una reciente resolución, viene a confirmar que un vehículo de turismo adquirido por una persona física-profesional que quedará afecto al desarrollo de su actividad económica es apto para la materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).

Así, la DGT, en la respuesta a la consulta planteado por un contribuyente, estipula que “puede considerarse apta para la materialización de la RIC; ya que el bien objeto de consulta no es un vehículo de transporte de pasajeros por vía marítima o por carretera”.

Ahora bien, el vehículo de turismo deberá cumplir con los requisitos formales y materiales que exige este potente beneficio fiscal para que el vehículo tenga la consideración de apto para la RIC.

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A continuación, os reproduzco un extracto de la Consulta Vinculante número 137 de fecha 28 de enero de 2011, en que se detalla el criterio de la Dirección General de Tributos (en adelante, DGT) sobre la aplicación del tipo superreducido para microempresas (menos de 5 millones de euros de facturación).

Así, destacar, según el criterio de la DGT,los requisitos exigidos se computan de forma independiente para cada uno de los 3 ejercicios (2009, 2010 y 2011) en los que es de aplicación este tipo reducido del 20% para Micro-Pymes. Así, será necesario que la plantilla media durante los 12 meses siguientes al inicio de cada uno de los períodos impositivos en que se cumplan los requisitos previstos en la Disposición Adicional 12ª de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,  sea superior o igual a la unidad y que, a su vez, no sea inferior a la plantilla media de los 12 meses anteriores al inicio del ejercicio del año 2009.

A continuación reproduzco un extracto de la consulta vinculante número 1631 de fecha 16 de julio de 2010. La consulta se refiere a la libertad de amortización con mantenimiento de empleo regulada la Disposición Adicional Undécima del Real Decreto Legislativo 4/2004, aprobada en el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo.

Es de destacar que, en dicha consulta, se desprende que la Dirección General de Tributos permite la posibilidad de considerar como inversión inmobiliaria los inmuebles que se destinen a la actividad de arrendamiento, lo cual da mayor seguridad a aquellos inversores que planean realizar este tipo de inversiones (cumpliendo los requisitos  básicos para tener la consideración de actividad económica, esto es, empleado a jornada completa y local exclusivamente destinado a dicha actividad, y demás condiciones legales), y poder aplicarse los beneficios fiscales de la amortización libre de estos activos que se detallan en la Disposición Adicional Undécima del Real Decreto Legislativo 4/2004 (Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades).

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El tema de la deducción de las cuotas soportadas del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) de los vehículos de turismo es complejo. La clave está en la determinación de si ese vehículo se puede considerar afecto a la actividad económica del sujeto pasivo.

Si bien, en el IVA se presume legalmente que los vehículos de turismo y sus remolques, están afectos en un 50%, en el IGIC no hay tal presunción, recayendo en el sujeto pasivo la carga de la prueba de la afectación del 100%, no cabiendo la posibilidad de la afectación parcial.

Deducción del IVA de los vehículos de turismo:

Encontramos la normativa básica del IVA se encuentra la Ley 37/1992, de 28 de diciembre (Ley del IVA). El derecho a deducir está regulado en el Capitulo I del Título VIII de dicha Ley. Reproduzco a continuación el artículo 95 el cual establece  las limitaciones del derecho a deducir de las cuotas soportadas por adquisición de vehículos:

Artículo 95. Limitaciones del derecho a deducir

Uno. Los empresarios o profesionales no podrán deducir las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios que no se afecten, directa y exclusivamente, a su actividad empresarial o profesional.

Dos. No se entenderán afectos directa y exclusivamente a la actividad empresarial o profesional, entre otros:

1º) Los bienes que se destinen habitualmente a dicha actividad y a otras de naturaleza no empresarial ni profesional por períodos de tiempo alternativos.

2º) Los bienes o servicios que se utilicen simultáneamente para actividades empresariales o profesionales y para necesidades privadas.

3º) Los bienes o derechos que no figuren en la contabilidad o registros oficiales de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo.

4º) Los bienes y derechos adquiridos por el sujeto pasivo que no se integren en su patrimonio empresarial o profesional.

5º) Los bienes destinados a ser utilizados en la satisfacción de necesidades personales o particulares de los empresarios o profesionales, de sus familiares o del personal dependiente de los mismos, con excepción de los destinados al alojamiento gratuito en los locales o instalaciones de la empresa del personal encargado de la vigilancia y seguridad de los mismos, y a los servicios económicos y socio-culturales del personal al servicio de la actividad.

Tres. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las cuotas soportadas por la adquisición, importación, arrendamiento o cesión de uso por otro título de los bienes de inversión que se empleen en todo o en parte en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional podrán deducirse de acuerdo con las siguientes reglas:

1ª) Cuando se trate de bienes de inversión distintos de los comprendidos en la regla siguiente, en la medida en que dichos bienes vayan a utilizarse previsiblemente, de acuerdo con criterios fundados, en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional.

2ª) Cuando se trate de vehículos automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas, se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 50 por 100.

A estos efectos, se considerarán automóviles de turismo, remolques, ciclomotores y motocicletas los definidos como tales en el anexo del RDLeg. 339/1990 de 2 marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como los definidos como vehículos mixtos en dicho anexo y, en todo caso, los denominados vehículos todo terreno o tipo “jeep”.

No obstante lo dispuesto en esta regla 2ª, los vehículos que se relacionan a continuación se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 100 por 100:

a) Los vehículos mixtos utilizados en el transporte de mercancías.

b) Los utilizados en la prestación de servicios de transporte de viajeros mediante contraprestación.

c) Los utilizados en la prestación de servicios de enseñanza de conductores o pilotos mediante contraprestación.

d) Los utilizados por sus fabricantes en la realización de pruebas, ensayos, demostraciones o en la promoción de ventas.

e) Los utilizados en los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales.

f) Los utilizados en servicios de vigilancia.

3ª) Las deducciones a que se refieren las reglas anteriores deberán regularizarse cuando se acredite que el grado efectivo de utilización de los bienes en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional es diferente del que se haya aplicado inicialmente.

La mencionada regularización se ajustará al procedimiento establecido en el cap. I del tít. VIIII de esta ley para la deducción y regularización de las cuotas soportadas por la adquisición de los bienes de inversión, sustituyendo el porcentaje de operaciones que originan derecho a la deducción respecto del total por el porcentaje que represente el grado de utilización en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional.

4ª) El grado de utilización en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional deberá acreditarse por el sujeto pasivo por cualquier medio de prueba admitido en derecho. No será medio de prueba suficiente la declaración-liquidación presentada por el sujeto pasivo ni la contabilización o inclusión de los correspondientes bienes de inversión en los registros oficiales de la actividad empresarial o profesional.

5ª) A efectos de lo dispuesto en este apartado, no se entenderán afectos en ninguna proporción a una actividad empresarial o profesional los bienes que se encuentren en los supuestos previstos en los núms. 3º y 4º del apartado dos de este artículo.

(…)

Así, los automóviles de turismo que se utilicen en el desarrollo de la actividad económica de sujeto pasivo tienen una presunción legal de afectación a dicha actividad del 50%, salvo a determinados vehículos cuya presunción es del 100% pero que requieren ciertas especificidades en la actividad desarrollada y en el destino del vehículo.

Ahora bien, cuando el sujeto pasivo considere que el grado de utilización en el desarrollo de su actividad económica del automóvil de turismo es mayor del 50%, lo tendrá que acreditar por medio de cualquier medio de prueba admitido en derecho, no siendo suficiente la simple inclusión de las cuotas soportadas en la declaración-liquidación del IVA ni la contabilización o inclusión en el libro de bienes de inversión.

Dado que la utilización efectiva se conocerá con posterioridad a la adquisición, si el grado de utilización es mayor al 50% inicialmente practicado en el momento de la adquisición del vehículo, el sujeto pasivo podrá regularizar según lo dispuesto en la regla 3ª del apartado tres del citado artículo 95 sustituyendo el porcentaje de operaciones que originan derecho a la deducción respecto del total por el porcentaje que represente el grado de utilización en el desarrollo de la actividad.

Deducción del IGIC de los vehículos de turismo:

Las limitaciones en la deducción de las cuotas soportadas del IGIC se enumeran en el artículo 30 de la Ley Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias (Ley del IGIC), que reproduzco a continuación:

Artículo 30. Exclusiones y restricciones del derecho a deducir

1. No podrán ser objeto de deducción:

1º Las cuotas soportadas como consecuencia de la adquisición, importación, arrendamiento, transformación, reparación, mantenimiento o utilización de automóviles de turismo y sus remolques, motocicletas, aeronaves o embarcaciones deportivas o de recreo, así como los accesorios, piezas de recambio, combustibles, carburantes y lubrificantes con destino a dichos vehículos y los demás servicios referentes a los mismos.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a los siguientes vehículos:

a) Los destinados exclusivamente al transporte de mercancías.

b) Los destinados exclusivamente al transporte de viajeros mediante la contraprestación, con excepción de las cuotas soportadas por la utilización de dichos vehículos que no serán deducibles en ningún caso.

c) Los destinados exclusivamente a la prestación de servicios de enseñanzas de conductores o pilotos mediante contraprestación.

d) Los destinados por sus fabricantes exclusivamente a la realización de pruebas, ensayos, demostraciones o promoción de ventas.

e) Los adquiridos por Agentes comerciales independientes para destinarlos exclusivamente a sus desplazamientos profesionales.

f) Los adquiridos para ser utilizados exclusivamente en servicios de vigilancia.

g) En general, aquéllos cuya utilización no dé lugar a la aplicación de lo previsto en los arts. 26 y 27 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, además, puedan considerarse afectos a la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior.

Como se puede apreciar, en términos generales, las cuotas soportadas por la adquisición de automóviles de turismo no resultan deducibles en el IGIC, salvo a determinados vehículos que se consideran efectos a la actividad económica con especificadades y destinos determinados enumeradas desde la letras a) hasta la f).

La letra g) estipula que sí podrán ser objeto de deducción las cuotas de IGIC procedentes de la adquisición de cuya utilización no suponga retribución en especie (uso particular) conforme lo “previsto en los arts. 26 y 27 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, además, puedan considerarse afectos a la actividad“.

Si acudimos al artículo 26  de la citada Ley, podemos leer lo siguiente:

“Artículo 26. Retribuciones en especie

Constituyen retribuciones en especie la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda.  (…) “

Por tanto, el primer requisito se refiere a que el automóvil no se puede poner a disposición para usos particulares. En este caso, además de tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El segundo requisito consiste en el vehículo de turismo pueda considerarse afecto a la actividad económica. Para establecer su afección, tendremos que acudir al artículo 29 de Ley del IGIC.

“6. Se considerarán directamente relacionados con el ejercicio de la actividad empresarial o profesional los bienes o servicios afectados exclusivamente a la realización de dicha actividad.

No se considerarán exclusivamente afectados a una actividad empresarial o profesional:

- 1. Los bienes que se destinen a dicha actividad y a otras de naturaleza no empresarial ni profesional por períodos de tiempo alternativos.

- 2. Los bienes o servicios que se utilicen simultáneamente para actividades empresariales o profesionales y para necesidades privadas.

- 3. Los bienes adquiridos por el sujeto pasivo que no se integren en su patrimonio empresarial o profesional.

- 4. Los bienes destinados a la satisfacción de necesidades personales o particulares de los empresarios o profesionales o de sus familiares o bien del personal dependiente de los mismos, con excepción de los destinados al alojamiento gratuito, en los locales o instalaciones de la Empresa, del personal encargado de la vigilancia y seguridad de los mismos.”

Así las cosas, en definitiva, tendría que ser el sujeto pasivo el que pruebe que el bien se encuentra totalmente afecto a la actividad económica, no cabiendo la posibilidad de una afectación parcial o compartida. Por tales motivos, el sujeto pasivo tendría acreditar, por cualquier medio de prueba admitida en derecho la NO utilizacion para uso privado del vehículo de turismo para poder deducirse las cuotas soportadas de IGIC en su adquisición.

A continuación, paso a comentar la consulta vinculante número 1365  de la Dirección General de Tributos de Canarias (en adelante, DGT de Canarias) de fecha 26 de julio de 2010, relativa al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)

En este consulta se plantean dos cuestiones:

1º) Si en los supuestos en que una sociedad mercantil actúe como miembro del Consejo de Administración de otra sociedad, ¿debe calificarse esa prestación como una prestación de servicios sujeta y no exenta del Impuesto General Indirecto Canario.

2º) Si quien actúa como miembro del Consejo de Administración de otra sociedad es una persona física, ¿debe calificarse también esa prestación como una actividad sujeta y no exenta del IGIC?

En cuanto a la primera cuestión, la DGT de Canarias, considera que  la actuación de una sociedad mercantil en el Consejo de Administración de otra sociedad es una prestación de servicios sujeta y no exenta del IGIC.

Sin embargo, cuando es una persona física quien actúa como miembro del Consejo de Administración, esta actuación constituye una operación no sujeta del IGIC, ya que la actividad que realiza no se integra en el hecho imponible del Impuesto al no existir en estos casos una ordenación del trabajo por cuenta propia.

Para ello, la DGT de Canarias se apoya en el apartado 3º del artículo 9 de la Ley 20/1991, que estipula que no están sujetos al IGIC “los servicios prestados por personas físicas en régimen de dependencia derivado de relaciones laborales o administrativas, así como los prestados a las cooperativas de trabajo asociado por los socios de las mismas”.

Así, en la medida que constituya una prestación realizada por cuenta ajena,  y por tanto no existir una ordenación del trabajo por cuenta propia, la operación no estara sujeta al IGIC, puesto que no se integra en el hecho imponible conforme lo anterior.

Fdo: Asesoría Fiscal y Contable Samuel Nevado

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A continuación, comento la Sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª, de fecha 24 de abril de 2010.

Antecedentes:

El Delegado Especial de la Agencia Tributaria autoriza para que diez actuarios de la Oficina Nacional de Inspección entraran en las instalaciones de una empresa. Obtienen el consentimiento de un jardinero contratado por horas, que firma como responsable de la actividad/obra.

Los actuarios consiguen acceder al ordenador del coordinador de tiendas a pesar de su oposición. Este ordenador contenía importante información que fue usada para determinar las liquidacioens practicadas por la Inspección.

En este caso en particular, el Tribunal Supremo considera que se ha violado el domicilio social de la empresa puesto que en dicho local se encontraban ordenadores con información que resultaba sensible para la empresa.

(…) A la luz de la delimitación del ámbito espacial de protección domiciliaria efectuada por el Tribunal Constitucional, la conclusión a que se llega es que en el caso de las personas jurídicas, dada su peculiar naturaleza y finalidad, tienen la consideración de domicilio a efectos de la protección constitucional otorgada por el artículo 18.2 de la Constitución los espacios que requieren de reserva y no intromisión de terceros en razón a la actividad que en los mismos se lleva a cabo, esto es, los lugares utilizados por representantes de la persona jurídica para desarrollar sus actividades internas, bien porque en ellos se ejerza la habitual dirección y administración de la sociedad, bien porque sirvan de custodia de documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad o de su establecimiento, y todo ello con independencia de que sea el domicilio fiscal, la sede principal o la sede secundaria, exigiéndose en estos casos la autorización judicial o el consentimiento del interesado.

(…)

Por ello, hay que interpretar el artículo 141 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, que insistimos es el precepto legal aplicable “ratione temporis”, en el sentido de que para el acceso de la Inspección a fincas, locales de negocio y demás establecimientos en que se desarrollan actividades sometidas a gravamen solo se requería autorización administrativa en caso de oposición; en cambio, tanto en el caso de domicilio particular de cualquier español o extranjero, como en el de los espacios físicos de las personas jurídicas, que resultan constitucionalmente protegidos, la Administración Tributaria debía obtener el consentimiento del interesado o la oportuna autorización judicial, (…)

En la actualidad esta doctrina aparece claramente establecida en la nueva Ley General Tributaria , artículos 113 y 142.2 .

(…)

De lo expuesto con anterioridad se deduce claramente que en el domicilio social de la entidad XXX, S.A. existía almacén de recepción de mercancías, pero también las oficinas y despachos de la Jefe de Contabilidad y Directores Financiero y Comercial de la sociedad en los que se encontraban ordenadores, y especialmente el de D. Andrés, con información de las características especiales que concurren en el caso presente y que resultaba sensible para la empresa.

Por ello, hay que concluir que aunque la autorización del Delegado Especial de la AEAT en Cataluña se refería a la entrada “dentro de la jornada de trabajo en las instalaciones y locales de negocio de la entidad, en Av. Virgen de Montserrat núm. 1 Polígono Fuensanta de Sant Joan Despí”, lo cierto es que los espacios en los que se desarrolló de forma efectiva la actuación inspectora fueron los de los despachos del domicilio social en el que encontraban datos informatizados que luego resultaron esenciales para la determinación de la base imponible a través del régimen de estimación indirecta, razón por la que estaban protegidos por el artículo 18.2 de la Constitución según la doctrina del Tribunal Constitucional antes expuesta.

(…)

OCTAVO .- Bajo la premisa de no haberse obtenido autorización judicial, correspondería ahora determinar si existió o no el consentimiento del representante de la sociedad, que, según la jurisprudencia de la Sala Segunda de este Tribunal, debe estar absolutamente desprovisto de toda mácula que enturbie el exacto conocimiento de lo que se hace y la libérrima voluntad de hacerlo, debiendo estar también exento de todo elemento susceptible de provocar o constituir error, violencia, intimidación o engaño, por lo que el interesado debe ser enterado de que puede negarse a autorizar la entrada y registro que se le requiere (sentencias, entre otras, de 1 de abril de 1996, 4 de marzo de 1999 y 18 de febrero de 2005).