Como saben, la última reforma del Impuesto sobre Sociedades vigente desde el 1 de enero de 2015 supone una simplificación del Impuesto:

1.- Se elimina determinados incentivos cuyo mantenimiento considera el legislador innecesario.

2.- Se introducen de dos nuevos incentivos vinculados al incremento del patrimonio neto, uno aplicable en el régimen general y otro específico para las empresas de reducida dimensión.

3.- Se potencian otros incentivos existentes como es el caso del destinado al sector cinematográfico.

De esta manera, desaparece la deducción por inversiones medioambientales. El legislador se justifica porque estas inversiones ya resultan, en ocasiones, obligatorias, lo que resultaba paradójico el mantenimiento de un incentivo de estas características.

Asimismo, el legislador deroga la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, y la recientemente creada deducción por inversión de beneficios, sustituyéndose ambos incentivos por uno nuevo denominado reserva de capitalización.

Aparece una reserva destinada a la compensación de bases imponibles negativas futura, destinada exclusivamente para las entidades de reducida dimensión (antes Régimen especial para pymes, ahora se llamaran ERP).

Se mantiene la deducción por investigación, desarrollo e innovación tecnológica y las deducciones por creación de empleo, incluyendo la correspondiente a los trabajadores con discapacidad.

Con lo que respecta a Canarias, resulta destacable el incremento del plazo para la aplicación de las deducciones por Inversiones en Canarias hasta los 15 años siguientes. Cabe señalar que las entidades con establecimiento en Canarias con respectos a las inversiones que realicen en las islas tienen una serie de particularidades en relación a las deducciones que se aplican en el régimen común del Impuesto sobre Sociedades como consecuencia del Régimen Económico y Fiscal que posee Canarias.

Este beneficio fiscal permite porcentajes de deducción superiores al establecido en el régimen general aplicado a los establecimientos situados en el resto del Estado español. Así, los porcentajes aplicables han de ser superiores en un 80% a los del régimen común, con un diferencial mínimo de 20 puntos porcentuales.