Empresa dedicada a la actividad de arrendamiento de inmuebles con un único local arrendado. La Audiencia Nacional desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto al considerar que no hay necesidad de local y empleado a efectos de acreditar la actividad económica. Así, la empresa no puede distrutar de los beneficios fiscal de la Reserva para Inversiones en Canarias.

Pero es más, en el presente caso existe una absoluta falta de prueba sobre la conexión y necesidad del local y empleado a los efectos de llevar a cabo la actividad económica de arrendamiento de inmuebles, pues del expediente resulta que la única labor a tal fin desarrollada consiste en el percibo de la renta del único local que se encuentra arrendado -entidad XXX en virtud de contrato suscrito en 1997-, lo que supone que el arrendamiento no se lleva a cabo por la actora con habitualidad o comprendiendo otros activos o negocios distintos, debiendo colegir que los rendimientos obtenidos no dimanan de una actividad empresarial. Además, se reitera, que el incumplimiento del requisito de la explotación de la actividad económica requerida a efectos de la RIC no ha dado lugar a la más mínima actividad probatoria por parte de la recurrente para acreditar que la aducida actividad de arrendamiento de inmuebles no se limitó a la percepción de una renta por el alquiler de ese único local arrendado, sino que intervino en el mercado de servicios mediante la ordenación por cuenta propia de sus medios materiales, personales y organizativos.

Frente a los datos expuestos por la Administración, considera la Sala que la recurrente no ha probado en lo más mínimo esa afección empresarial, pues la demanda no aporta información nueva de clase alguna, sin que las simples alegaciones efectuadas en su escrito sobre su organización empresarial puedan considerarse significativas per se de la actividad empresarial de arrendamiento, y no sólo porque no se ha acreditado, se reitera, que la empresa posea un local y empleado dedicados con exclusividad a la actividad de arrendamiento, sino porque tampoco se ha acreditado que el arrendamiento del único local que se encuentra arrendado, con origen en el contrato firmado en 1997 con la entidad XXX, entrañe una actividad mercantil y no la mera percepción de rendimientos arrendaticios ajenos a toda idea de “…ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios…”, que es lo que exige el artículo 25 de la Ley 40/1998, pues no hay constancia de que haya beneficios diferentes de los procedentes del percibo de ese alquiler, que no entraña actividad alguna de carácter empresarial.

A lo expuesto se añade que si bien es cierto que la disposición de un local y la contratación de personal no son requisitos indefectibles de la actividad de arrendamiento, pudiéndose acreditar dicha actividad por otros medios aún cuando se trate de indicios indicativos o favorecedores de una presunción iuris tantum que el interesado puede destruir, no es menos cierto que la prueba aportada por la Administración no ha sido desvirtuada por la demandante, con las consecuencias que dicha falta de acreditación conlleva.