El consultante es un Notario que ejerce su actividad en Canarias que pretende materializar la Reserva para Inversiones en Canarias en la adquisición de una oficina, en el que presta sus servicios desde 2001 en régimen de arrendamiento, siendo el arrendador una sociedad unipersonal de la que es propitario.

La Dirección General de Tributos estima que es correcta la materialización del valor de la construcción (se excluye el suelo), encuadrandose en las inversiones previstas en la letra C del apartado 4 del Artículo 27 de la Ley 19/1994, ya que se trata de la adquisición de un elemento patrimonial del activo fijo material que no puede ser considerada como inversión inicial.

A continuación, se reproduce la consulta en cuestión en su totalidad:


NUM-CONSULTA V1561-09
ORGANO SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas
FECHA-SALIDA 30/06/2009
NORMATIVA Ley 19/1994, Art. 27; RD 1758/2007, Arts. 11, 12
DESCRIPCION HECHOS El consultante es una persona física residente que ejerce la actividad profesional de notario en Canarias y desarrolla su actividad en un inmueble que arrienda desde hace varios años a una sociedad limitada unipersonal de la que el propio consultante es su único socio.

La sociedad limitada unipersonal adquirió dicho inmueble el 09 de noviembre de 2001, alquilándose inmediatamente al consultante para el desarrollo de su actividad profesional de notario.

Actualmente, el consultante tiene intención de comprar dicho inmueble a la sociedad y de continuar ejerciendo en el mismo la actividad de notario.

CUESTION PLANTEADA
Si la materialización de la dotación efectuada por el consultante en el inmueble que adquirió la sociedad limitada unipersonal referida (sólo por la parte imputable a la construcción), sería apta a los efectos de la aplicación del beneficio fiscal contenido en el artículo 27 de la Ley 19/1994, teniendo en cuenta que la citada sociedad no se acogió a dicho beneficio fiscal por la adquisición de este inmueble.

CONTESTACION COMPLETA
El artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, regula la reserva para inversiones en Canarias. Dicho artículo ha sido modificado, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2007, por el Real Decreto-ley 12/2006, de 29 de diciembre, por el que se modifican la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y el Real Decreto-ley 2/2000, de 23 de junio, estableciendo en su disposición transitoria segunda que:

“1. Las dotaciones a la reserva para inversiones procedentes de beneficios de períodos impositivos iniciados antes de 1 de enero de 2007 se regularán por las disposiciones establecidas en el artículo 27 de la Ley 19/1994, según su redacción vigente a 31 de diciembre de 2006.
2. (…).”

Si bien de la redacción del escrito de consulta no de deduce claramente, ya que se alude a dotaciones a la reserva para inversiones en Canarias realizadas en el ejercicio 2007, en la contestación a la presente consulta va a partirse del supuesto de que las dotaciones a la reserva para inversiones en Canarias proceden de beneficios del período impositivo iniciado el 1 de enero de 2007, por lo que se regularán por las disposiciones establecidas en el artículo 27 de la Ley 19/1994, según su redacción dada por el apartado tres del artículo primero del Real Decreto-ley 12/2006.

El apartado 15 del artículo 27 de la Ley 19/1994 establece que:

“15. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que determinen sus rendimientos netos mediante el método de estimación directa tendrán derecho a una deducción en la cuota íntegra por los rendimientos netos de explotación que se destinen a la reserva para

inversiones, siempre y cuando éstos provengan de actividades económicas realizadas mediante establecimientos situados en Canarias.
La deducción se calculará aplicando el tipo medio de gravamen a las dotaciones anuales a la reserva y tendrá como límite el ochenta por ciento de la parte de la cuota íntegra que proporcionalmente corresponda a la cuantía de los rendimientos netos de explotación que

provengan de establecimientos situados en Canarias.
Este beneficio fiscal se aplicará de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 3 a 14 de este artículo, en los mismos términos que los exigidos a las sociedades y demás entidades jurídicas.”

En consecuencia, en la medida en que el consultante persona física determine sus rendimientos netos mediante el método de estimación directa, podrá aplicar lo dispuesto en el precepto transcrito. A este respecto, el apartado 4 del artículo 27 de la Ley 19/1994 dispone lo siguiente:

“4. Las cantidades destinadas a la reserva para inversiones en Canarias deberán materializarse en el plazo máximo de tres años, contados desde la fecha del devengo del impuesto correspondiente al ejercicio en que se ha dotado la misma, en la realización de alguna de las siguientes inversiones:

A. Las inversiones iniciales consistentes en la adquisición de elementos patrimoniales nuevos del activo fijo material o inmaterial como consecuencia de:

La creación de un establecimiento.
La ampliación de un establecimiento.
La diversificación de la actividad de un establecimiento para la elaboración de nuevos productos.
La transformación sustancial en el proceso de producción de un establecimiento.

También tendrán la consideración de iniciales las inversiones en suelo, edificado o no, siempre que no se hayan beneficiado anteriormente del régimen previsto en este artículo y se afecte:

A la promoción de viviendas protegidas, cuando proceda esta calificación de acuerdo con lo previsto en el Decreto 27/2006, de 7 de marzo, por el que se regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias, y sean destinadas al arrendamiento por la sociedad promotora.

Al desarrollo de actividades industriales incluidas en las divisiones 1 a 4 de la sección primera de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.

A las zonas comerciales, y a las actividades turísticas reguladas en la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, cuya adquisición tenga por objeto la rehabilitación de un establecimiento turístico, situadas ambas en un área cuya oferta turística se encuentre en declive, por precisar de intervenciones integradas de rehabilitación de áreas urbanas, según los términos en que se define en las directrices de ordenación general de Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.

(…)

B. La creación de puestos de trabajo relacionada de forma directa con las inversiones previstas en la letra A, que se produzca dentro de un período de seis meses a contar desde la fecha de entrada en funcionamiento de dicha inversión.

(…)

C. La adquisición de elementos patrimoniales del activo fijo material o inmaterial que no pueda ser considerada como inversión inicial por no reunir alguna de las condiciones establecidas en la letra A anterior, la inversión en activos que contribuyan a la mejora y protección del medio ambiente en el territorio canario, así como aquellos gastos de investigación y desarrollo que reglamentariamente se determinen.

(…)

Tratándose de suelo, edificado o no, éste debe afectarse:

A la promoción de viviendas protegidas, cuando proceda esta calificación de acuerdo con lo previsto en el Decreto 27/2006, de 7 de marzo, por el que se regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias, destinadas al arrendamiento por la sociedad promotora.

Al desarrollo de actividades industriales incluidas en las divisiones 1 a 4 de la sección primera de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.

A las zonas comerciales, y a las actividades turísticas reguladas en la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, cuya adquisición tenga por objeto la rehabilitación de un establecimiento turístico, situadas ambas en un área cuya oferta turística se encuentre en declive, por precisar de intervenciones integradas de rehabilitación de áreas urbanas, según los términos en que se define en las directrices de ordenación general de Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril.
D. La suscripción de:

1.º Acciones o participaciones en el capital emitidas por sociedades como consecuencia de su constitución o ampliación de capital que desarrollen en el archipiélago su actividad, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

(…)”

En el caso planteado en el escrito de consulta se pretende materializar la reserva para inversiones en Canarias en la adquisición del inmueble, oficina, en el que el consultante ejerce su actividad de notario desde 2001 en régimen de arrendamiento, ejercicio en que la reformó y acondicionó como notaría, sin que la sociedad titular actual del inmueble hubiera acogido la adquisición del inmueble a este beneficio fiscal.

De las inversiones recogidas en el apartado 4 del artículo 27 de la Ley 19/1994, parece que la inversión planteada puede encuadrarse en la letra C, ya que se trata de la adquisición de un elemento patrimonial del activo fijo material que no puede ser considerada como inversión inicial. Asimismo, dado que, de acuerdo con la información disponible, el suelo no parece afectarse a las finalidades indicadas en la citada letra C, no se incluirá el mismo en el importe de la materialización.

Al margen de lo señalado, la aplicación de este beneficio fiscal requerirá el cumplimiento de los restantes requisitos que establece el artículo 27 de la Ley 19/1994 que resulten de aplicación al caso planteado.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.