Introducción

La Reserva para Inversiones en Canarias (en lo sucesivo, RIC) constituye un beneficio fiscal previsto en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. La última redacción fue realizada por el Real Decreto-Ley 12/2006, de 29 de diciembre.

De acuerdo con esta normativa, las entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades con establecimiento en las islas Canarias podrán reducir su Base Imponible hasta un 90% bajo la condición de cumplir una serie de requisitos materiales y formales.

Como contrapartida a esta reducción, la empresa debe realizar determinadas inversiones en las islas Canarias por un importe equivalente en los siguientes 4 años. Esto se denomina materialización de la RIC.

Bajo desde el punto de vista formal, consiste en destinar hasta el 90% de los beneficios no distribuidos a la dotación de una Reserva para será indisponible para la Empresa en tanto que los bienes en que se materializó deban permanecer en la empresa.

Las personas físicas que realizan actividades económicas en Canarias (autónomos) y determinen sus rendimientos netos por estimación directa también se pueden beneficiar de la RIC mediante una deducción en la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Esta deducción tiene como límite el 80% de la parte de la cuota íntegra que proporcionalmente corresponda a la cuantía de los rendimientos netos de explotación producidos en Canarias.

Requisitos materiales

Como han podido observar, el cumplimiento de la materialización de la RIC se realiza con posterioridad al momento en que se produce la aplicación del beneficio fiscal. En primer lugar, la empresa se beneficia de la reducción de impuestos, y a cambio de este considerable ahorro fiscal en el Impuesto sobre  Sociedades (o en el IRPF, en el caso de personas físicas) debe cumplir con una serie de requisitos futuros que se fundamentan en la reinversión de los beneficios producidos en Canarias. Estos requisitos se pueden resumir en:

– Las inversiones válidas para la materialización de la RIC se pueden clasificar en 5 grandes grupos:

  1. Inversiones iniciales: consistentes en la adquisición de elementos patrimoniales nuevos del activo fijo material o inmaterial como consecuencia de: la creación de un establecimiento, la ampliación de un establecimiento, o la diversificación de la actividad de un establecimiento para la elaboración de nuevos productos.
  2. Creación de puestos de trabajo relacionada de forma directa con las inversiones iniciales descritas en el punto 1.
  3. Adquisición de elementos patrimoniales del activo fijo material o inmaterial (intangible) que no pueda ser considerada como inversión inicial, inversión en activos que contribuyan a la mejora y protección del medio ambiente y determinados gastos de investigación y desarrollo.
  4. Suscripción de:
  • Acciones o participaciones en el capital emitidas por sociedades  que desarrollen su actividad económica en Canarias.
  • Acciones o participaciones en el capital emitidas por entidades de la Zona Especial Canaria (ZEC).
  • Acciones o participaciones en el capital o en el patrimonio emitidas por sociedades y fondos de capital riesgo.
  • Títulos valores de deuda pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de las Corporaciones Locales canarias o de sus empresas públicas u Organismos autónomos.
  • Títulos valores emitidos por organismos públicos que procedan a la construcción o explotación de infraestructuras o equipamientos de interés público.
  • Títulos valores emitidos por entidades que procedan a la construcción o explotación de infraestructuras o equipamientos de interés público.

– La inversión debe estar situada en las islas Canarias, utilizada en las mismas, afecta y necesaria para la actividad económica.

– Los bienes adquiridos deben mantenerse en funcionamiento durante 5 años como mínimo.

– La inversión deberá efectuarse en el plazo máximo de 4 años (se puede realizar durante el ejercicio en que se produce la dotación de la Reserva y los tres años consecutivos). Así, si una empresa cierra el ejercicio el 31 de diciembre de 2009 con un beneficio de 100, realizando la dotación de la RIC  el 30 de junio de 2010, la fecha límite sería el 31 de diciembre 2013.

Estos son los principales requisitos materiales de este potente beneficio fiscal.

Próximamente, en otro post, detallaré de forma resumida las obligaciones de carácter formal, las cuales,  su omisión u error, en algunos casos, supone fuertes sanciones e incluso la pérdida del beneficio fiscal.

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